Anteproyecto de Ley del Teletrabajo: buscando el equilibrio.

Tras la experiencia masiva de teletrabajo durante el estado de alarma vivido en España en los meses precedentes con motivo de la pandemia de la COVID-19, el debate sobre el trabajo a distancia ha sido un tema recurrente en los círculos laborales y empresariales.

El Gobierno presentó el 26 de junio un Anteproyecto de Ley para regular el teletrabajo que no está exento de debate y que se encuentra sometido a un intenso proceso de negociaciones entre la patronal, los sindicatos y todos los agentes participantes.

Y es que antes del estado de alarma, los datos apuntan a que en España un 4,8 por ciento de los/as trabajadores desarrollaba sus funciones a distancia, mientras que durante el confinamiento la cifras indican que fue el 34 por ciento de los/as empleados/as y en esta época estival un 30 por ciento de la población trabajadora podrá teletrabajar ocasionalmente.

Hasta el momento, la normativa vigente sólo alude a la posibilidad de teletrabajar en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, en algunos convenios colectivos del país, en un acuerdo marco europeo y algunas alusiones en la normativa internacional.

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Teletrabajo y confinamiento, diferencias

De acuerdo a las órdenes del Ministerio de Sanidad que han regulado la transición hacia la llamada nueva normalidad, se contempla la continuidad del teletrabajo para aquellas actividades en las que sea posible.

Frente al teletrabajo de emergencia que muchos/as han experimentado, se impone un nuevo marco de regulación en el que habrá que tener muy en cuenta aspectos como la relación laboral, la voluntariedad, los costes, el horario y la jornada de trabajo, el derecho al descanso y la desconexión digital.

Algunas de las cosas que contempla el citado Anteproyecto de Ley se refieren a que la empresa y el trabajador deberán acordar por escrito los detalles de las rutinas y compensaciones económicas a las que tiene derecho un/a empleado/a durante el teletrabajo.

También, que el contrato de trabajo a distancia deberá incluir una lista de herramientas que precisará el/la empleado/a para ejercer y que su coste deberá correr siempre a cargo de la empresa. Además, la firma de ese contrato es de obligado cumplimiento para las empresas bajo pena de sanción grave (6.126 euros).

Asimismo, el trabajador podrá negociar parte de su horario, aunque la empresa podrá imponer unas franjas de disponibilidad y un número de días u horas en que deberá acudir presencialmente a su centro de trabajo.

Por el momento, la patronal ha mostrado su claro desacuerdo con algunos de estos puntos contemplados en el anteproyecto y, aunque el Gobierno tiene activada la vía de urgencia para su aprobación, no descarta que las negociaciones puedan alargarse si las partes implicadas no consiguen llegar a un acuerdo.

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