Los nuevos agravantes de la Ley del Blanqueo de Capitales

La LO 6/2021, de 28 de abril, que entró en vigor el pasado 30 de abril, modifica la normativa vigente que regula el delito de blanqueo para transponer a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal.

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En el caso de España, la reforma consiste únicamente en incluir dos nuevos agravantes para el citado delito, de manera que se impondrá la pena de prisión de 3 años y 3 meses a 6 años más multa del tanto al tipo del valor de los bienes, en los siguientes casos:

1.- Sí los bienes objeto de blanqueo proceden de los delitos de trata de seres humanos, delitos contra los ciudadanos extranjeros, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, así como aquellos delitos vinculados a la corrupción en los negocios.

Se unen así estas nuevas figuras delictivas al catálogo de delitos primarios ya contemplados en el art. 301.1 del Código Penal que daban lugar a la agravación, que son: el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o aquellos especialmente relacionados con la corrupción.

2.- Si el sujeto activo del delito es sujeto obligado por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Para conocer quiénes son esos sujetos obligados hay que acudir al artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, que precisamente se ha visto modificado recientemente por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, y que añade como nuevos sujetos obligados a los proveedores de servicios de monedas virtuales, incluyendo los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, o viceversa, y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves. Desde el 29 de abril de 2021, fecha de entrada en vigor de esta nueva obligación, estos servicios deben estar registrados y son supervisados por las autoridades competentes.

Estos proveedores de servicios de monedas virtuales deberán, además, reportar las operaciones sospechosas de blanqueo y registrar los servidores donde guardan las claves de los usuarios, ante el Banco de España.

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